“Diego Fernando Castro, de 24 años de edad, uno de los bomberos a cargo de los niños bomberos, uno de los cuales murió ahogado esta semana en Bogotá, se suicidó”. Ocurrió hoy 4 de julio, al parecer no soportó la culpa y se ahorcó utilizando un árbol. Esto me duele mucho, porque es una tragedia más que se suma a la muerte de Nicolás Quevedo, un niño de siete años de la localidad de Kennedy, que murió cuando se encontraba junto a otros menores en una actividad denominada "Bomberitos", adelantada por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. (Tomado del sitio web de la F.M. Noticias: www.lafm.com.co).
Aun cuando la destrozada joven madre de Nicolás clamaba ante los medios con justificada razón una respuesta por parte de las autoridades que le explicara las circunstancias de la muerte de su niño, también era clara en manifestar que ya nadie se lo iba a devolver con vida. Ya este dolor le acompañará por el resto de su vida, pero aun así, estoy seguro que la respuesta que esperaba no era el suicidio de la persona que cuidaba de su hijo.
Y me duele todavía más esta doble tragedia ocurrida en menos de una semana, porque involucra a una institución como los bomberos, que todos hemos aprendido a querer y respetar por sus abnegados esfuerzos y sacrificios por el bienestar y la protección de las personas y las comunidades en todo el País, no siendo pocos los lugares en donde incluso trabajan en precarias condiciones y sin retribución salarial alguna, a modo de voluntarios.
Al bombero Diego Fernando Castro se le había anunciado una investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación para indagar su conducta y responsabilidad en la muerte del menor, lo cual debió ser muy duro para él, verse inmerso en un proceso penal quizás por homicidio culposo, él, que como bombero estaba para proteger la vida de las personas, y más la de un niño.
Pero este es un caso más de los muchos que a diario muestran la realidad de Colombia, un país donde se viven múltiples tragedias familiares, particularmente, con muerte de cientos de niños en circunstancias de violencia, que francamente van minando el sentimiento de unidad familiar y la confianza en el Estado, que cada vez se ve más lejano de garantizar protección y seguridad a las personas.
Paradójico contraste se vive en Colombia, que mientras un bombero decide quitarse la vida, inducido quizás por el insoportable dolor de verse culpado por la muerte del niño que debía cuidar, otros en cambio asesinan con sevicia, y conciben la muerte violenta de niños como un daño colateral que debemos pagar, por la malhadada suerte de vivir en un país en conflicto y presa de la criminalidad. Ninguno de estos asesinos por supuesto, concibe siquiera la cárcel como opción, y menos en absoluto, al suicidio como auto pena por sus males, estos sí, cometidos con dolo e intención.
Mucho trabajo tiene entonces la fiscalía para investigar y acusar al menos, algunos de los cientos de crímenes atroces que aún siguen en la impunidad en Colombia, por lo que sorprende tan inusitado despliegue de celeridad para los procesos culposos, particularmente, si provienen de un Fiscal que ha preconizado un cambio de política criminal, enfocada a priorizar los casos a investigar, y plantear penas alternativas de justicia transicional, sin pena privativa de la libertad, para quienes sí han cometido los mayores crímenes y asesinatos en la historia del país.
Mucha falta hace que nuestra sociedad, polarizada en definir la metodología que debemos aplicar para alcanzar la seguridad y la paz, reflexione en la necesidad de reivindicar el respeto por la vida, desde ya, como un imperativo, no sólo para quienes combaten, sino para todos en general, y que la vida sea esa luz por la que todos nos afanemos en cuidar y proteger, en medio de la oscuridad que transitamos. No más asesinatos, no más accidentes trágicos y no más suicidios.
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