Durante los últimos quince días, muchos columnistas connotados y gente de opinión respetada ya han vertido en escritos y ensayos su visión personal sobre la crisis humanitaria desatada en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, desde el momento que el gobierno venezolano ordenó la deportación de colombianos por presuntamente residir ilegalmente en la zona fronteriza de su territorio y, posteriormente, dispuso el cierre del principal cruce con Colombia, en el Puente Simón Bolívar en Cúcuta y otros sitios clandestinos por los cuales permanentemente cruzan personas de un país a otro. En realidad, debo reconocer que la gran mayoría de las personas que sobre la crisis se han referido, lo han hecho sin consideraciones políticas y sólo motivadas por el rechazo al infame trato que el Gobierno de Maduro le ha dado a más de mil colombianos deportados, vulnerándoles los más mínimos derechos humanos y el respeto por un debido proceso migratorio, y sobre todo, menoscabando la unidad familiar, separando niños de sus padres y destruyéndoles sus bienes y propiedades adquiridas con años de esfuerzo.
No han faltado sin embargo, quienes sobre la deportación de los colombianos se han referido pero como forma de rechazo político para atacar al régimen chavista de Maduro, y aunque sin que les falte cierta razón, la consideran un acto de desespero en época pre-electotal del régimen dictatorial que hace aguas, en medio del desplome de la economía, la corrupción y la hambruna de su pueblo producto del desabastecimiento. Los que así lo hacen de este lado de la frontera, como es el caso del expresidente Uribe y su partido el Centro Democrático, no escapan a mi modo de ver de cierto populismo político, el cual aprovechan además para criticar de paso la actitud asumida por el Presidente Santos frente a la crisis humanitaria. Olvidan por ejemplo, que durante el gobierno Uribe, producto de la confrontación interna en Colombia que ellos exacerbaron con su política de seguridad democrática, se alcanzó la cifra de tres millones y medio de desplazados forzosos por cuenta de la violencia paramilitar, guerrillera y los bombardeos y ataques de la fuerza pública.
Recordemos como en el año 2008 el hoy senador José Obdulio Gaviria, en entonces Alto Asesor Presidencial, decía con el más rampante cinismo, que en Colombia “no tenemos desplazados, tenemos migración [...] esa gente se fue para las ciudades y allá están como migrantes, más la gente que se fue del país, clase alta y media”. Y su cinismo le alcanzaba incluso para añadir que en Colombia “no existe conflicto armado interno, que el paramilitarismo desapareció, que las Águilas Negras son una “marca creada” por la oposición, que los sindicalistas en Colombia son asesinados por razones distintas a su labor sindical (…)” (Tomado de Revista de Economía Institucional, vol. 11, n.º 20, primer semestre/2009, pp. 445-451).
Hoy es claro, que la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela fue sitio de llegada de muchos de los desplazados de Colombia que ellos desconocieron, la cual se convirtió igualmente en un área de explotación estratégica para los grupos paramilitares, guerrilleros y bandas criminales, que hicieron su agosto en contubernio con miembros de la Guardia Nacional de Venezuela para abusar de las miles de familias desplazadas y también de otras migrantes en situación irregular, y sacar provecho de los negocios ilícitos del contrabando de gasolina y demás productos que se traen de Venezuela hacia Colombia. No me extrañaría que esta situación siendo conocida por el gobierno colombiano fuera “tolerada” por cuanto con ella se proveían combustibles y productos para una zona como Norte de Santander y la Guajira, a la cual Colombia ha tenido históricamente abandonada de la acción estatal. Fue así como ambos países, por omisión y/o por acción, por conveniencia política o por simple desidia de atacar la problemática de una zona porosa y alejada de la acción estatal dejaron proliferar grupos ilegales cuyo poder ha llegado a tal punto que en el área fronteriza manejan secuestros, contrabando de gasolina, víveres, precursores químicos para procesar cocaína, hierro y acero, así como narcotráfico y robo de vehículos, utilizando como telón de fondo a una población humilde asentada allí por necesidad y que a la postre resultó ser la víctima de sus acciones.
No obstante esto, y por las razones verdaderas que sean, que hoy el régimen Maduro haya decidido atacar esta problemática, la solución no se da expulsando a la población civil colombiana de manera arbitraria e infame, desconociendo sus obligaciones bajo las normas internacionales de derechos humanos y de refugiados. E igualmente reprocho, a los que en Colombia, que dicen profesar simpatía política por el régimen chavista quieran atenuar e incluso justificar, las acciones inhumanas cometidas por el gobierno de Maduro.
A la dirigencia política, tanto de Venezuela como de Colombia, y a sus gobiernos particularmente, les vale la pena recordar una frase de Pier Paolo Pasolini:
“Hay intelectuales, los intelectuales comprometidos, que consideran deber propio y ajeno hacer saber que tienen derechos a las personas adorables que no lo saben; incitar a no renunciar a las personas adorables que saben que tienen derechos pero renuncian a ellos; empujar a todos a sentir el impulso histórico de luchar por los derechos de los demás; y, en fin, considerar indiscutible y fuera de toda duda el hecho de que entre explotados y explotadores, los infelices son los explotados” (Tomado de Revista de Economía Institucional, vol. 11, n.º 20, primer semestre/2009, pp. 445-451).
No han faltado sin embargo, quienes sobre la deportación de los colombianos se han referido pero como forma de rechazo político para atacar al régimen chavista de Maduro, y aunque sin que les falte cierta razón, la consideran un acto de desespero en época pre-electotal del régimen dictatorial que hace aguas, en medio del desplome de la economía, la corrupción y la hambruna de su pueblo producto del desabastecimiento. Los que así lo hacen de este lado de la frontera, como es el caso del expresidente Uribe y su partido el Centro Democrático, no escapan a mi modo de ver de cierto populismo político, el cual aprovechan además para criticar de paso la actitud asumida por el Presidente Santos frente a la crisis humanitaria. Olvidan por ejemplo, que durante el gobierno Uribe, producto de la confrontación interna en Colombia que ellos exacerbaron con su política de seguridad democrática, se alcanzó la cifra de tres millones y medio de desplazados forzosos por cuenta de la violencia paramilitar, guerrillera y los bombardeos y ataques de la fuerza pública.
Recordemos como en el año 2008 el hoy senador José Obdulio Gaviria, en entonces Alto Asesor Presidencial, decía con el más rampante cinismo, que en Colombia “no tenemos desplazados, tenemos migración [...] esa gente se fue para las ciudades y allá están como migrantes, más la gente que se fue del país, clase alta y media”. Y su cinismo le alcanzaba incluso para añadir que en Colombia “no existe conflicto armado interno, que el paramilitarismo desapareció, que las Águilas Negras son una “marca creada” por la oposición, que los sindicalistas en Colombia son asesinados por razones distintas a su labor sindical (…)” (Tomado de Revista de Economía Institucional, vol. 11, n.º 20, primer semestre/2009, pp. 445-451).
Hoy es claro, que la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela fue sitio de llegada de muchos de los desplazados de Colombia que ellos desconocieron, la cual se convirtió igualmente en un área de explotación estratégica para los grupos paramilitares, guerrilleros y bandas criminales, que hicieron su agosto en contubernio con miembros de la Guardia Nacional de Venezuela para abusar de las miles de familias desplazadas y también de otras migrantes en situación irregular, y sacar provecho de los negocios ilícitos del contrabando de gasolina y demás productos que se traen de Venezuela hacia Colombia. No me extrañaría que esta situación siendo conocida por el gobierno colombiano fuera “tolerada” por cuanto con ella se proveían combustibles y productos para una zona como Norte de Santander y la Guajira, a la cual Colombia ha tenido históricamente abandonada de la acción estatal. Fue así como ambos países, por omisión y/o por acción, por conveniencia política o por simple desidia de atacar la problemática de una zona porosa y alejada de la acción estatal dejaron proliferar grupos ilegales cuyo poder ha llegado a tal punto que en el área fronteriza manejan secuestros, contrabando de gasolina, víveres, precursores químicos para procesar cocaína, hierro y acero, así como narcotráfico y robo de vehículos, utilizando como telón de fondo a una población humilde asentada allí por necesidad y que a la postre resultó ser la víctima de sus acciones.
No obstante esto, y por las razones verdaderas que sean, que hoy el régimen Maduro haya decidido atacar esta problemática, la solución no se da expulsando a la población civil colombiana de manera arbitraria e infame, desconociendo sus obligaciones bajo las normas internacionales de derechos humanos y de refugiados. E igualmente reprocho, a los que en Colombia, que dicen profesar simpatía política por el régimen chavista quieran atenuar e incluso justificar, las acciones inhumanas cometidas por el gobierno de Maduro.
A la dirigencia política, tanto de Venezuela como de Colombia, y a sus gobiernos particularmente, les vale la pena recordar una frase de Pier Paolo Pasolini:
“Hay intelectuales, los intelectuales comprometidos, que consideran deber propio y ajeno hacer saber que tienen derechos a las personas adorables que no lo saben; incitar a no renunciar a las personas adorables que saben que tienen derechos pero renuncian a ellos; empujar a todos a sentir el impulso histórico de luchar por los derechos de los demás; y, en fin, considerar indiscutible y fuera de toda duda el hecho de que entre explotados y explotadores, los infelices son los explotados” (Tomado de Revista de Economía Institucional, vol. 11, n.º 20, primer semestre/2009, pp. 445-451).
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