Por: César Augusto Hernández Ortiz
La prensa esta semana registró dos hechos contrapuestos y aislados de los muchos que a diario arroja el conflicto armado en que está sumido Colombia desde hace décadas. Por un lado, se informa que una jueza de Bogotá fijó en 27 años y 4 meses de prisión la condena a Marilú Ramírez Baquero, responsable del atentado con un carrobomba el 19 de octubre de 2006 contra las instalaciones de la Escuela Superior de Guerra, en el norte de la capital del país. Tras este hecho, cabe preguntarnos si una vez que se firme la paz con la guerrilla de las Farc, el Presidente de la República procederá a condonar la pena de esta mujer y la de muchos otros miembros de la guerrilla que han sido condenados por la justicia colombiana.
Estaría dentro la lógica de la guerrilla, según los puntos que se han venido negociando en La Habana, el exigir la excarcelación de todos sus miembros, hayan sido condenados o no, aunque desconozco si las Farc tendrán el inventario completo de todas las personas que se encuentran recluidas por subversión en las cárceles del país. Lo anterior, por cuanto en este país el conflicto ha dado para que haya desde miembros activos de la guerrilla, hasta ingenuos estudiantes revoltosos que han sido capturados realizando actos vandálicos a nombre de la guerrilla, pero que no forman parte activa de la misma. Diría que son especie de adherentes o militantes inducidos. Por ello creo que al final, las Farc darán prioridad a sus miembros activos y dejarán a muchos incautos colgados de la brocha, pagando penas en las cárceles.
El otro hecho que quiero reseñar es el de Carlos Hernández Vargas, taxista de ocupación, quien en el 2006 fue asesinado y sus restos fueron hallados en un cementerio de NN en los Llanos Orientales, dentro del proceso en que aparecen otros 2.292 cuerpos de presuntos guerrilleros sepultados en cementerios improvisados, y que figuran como guerrilleros muertos en combate. Esta semana sus restos le fueron entregados a su esposa quien acusa a militares miembros del ejército nacional de llevárselo justo una tarde en que se encontraba con él y “no les importó que los niños (tenían dos hijos) se abrazaran a su padre suplicando no se lo llevaran”. Para la viuda, se trató de un “falso positivo”, como el de los más de 3.000 casos registrados por las autoridades y que cometieron miembros de las fuerzas militares con ocasión del conflicto armado. Igual aquí cabe preguntarnos, si los militares que han sido hallados responsables por estos hechos reprochables y han sido condenados, una vez se firme la paz les será conmutada su pena y recobrarán la libertad.
Por estos días el país se debate en torno a la aprobación en el Congreso del plebiscito mediante el cual se someterá a la refrendación o no del pueblo colombiano la negociación del gobierno con las Farc suscrita en La Habana. Con seguridad, el arreglo a que lleguen las partes no retribuirá el daño por las atrocidades cometidas por la guerrilla en tantos años. Ellos no merecerían beneficio alguno. Como tampoco los miembros de las fuerzas militares que se apartaron de su sagrada misión y asesinaron personas inocentes a nombre del conflicto. Pero ha sido tan macabro e inhumano lo que la confrontación ha infringido a millones de inocentes, que bien vale la pena suscribir una paz negociada, para que actos como los expuestos no se vuelvan a repetir.
Con el cese del conflicto armado, nadie en Colombia tendrá argumento ni causa política alguna para causarle la muerte a otro colombiano, o a desaparecerle, justificando actuar en defensa de cualquier ideal en medio de una confrontación armada. El que lo haga, será un criminal sin causa que el Estado debe perseguir y reducir, sin importar que funja como ciudadano particular, disidencia armada, o incluso miembro de la misma fuerza pública. No mas el argumento de que "Como en guerra no se oye misa", todo se puede, hasta los peores crímenes.
La prensa esta semana registró dos hechos contrapuestos y aislados de los muchos que a diario arroja el conflicto armado en que está sumido Colombia desde hace décadas. Por un lado, se informa que una jueza de Bogotá fijó en 27 años y 4 meses de prisión la condena a Marilú Ramírez Baquero, responsable del atentado con un carrobomba el 19 de octubre de 2006 contra las instalaciones de la Escuela Superior de Guerra, en el norte de la capital del país. Tras este hecho, cabe preguntarnos si una vez que se firme la paz con la guerrilla de las Farc, el Presidente de la República procederá a condonar la pena de esta mujer y la de muchos otros miembros de la guerrilla que han sido condenados por la justicia colombiana.
Estaría dentro la lógica de la guerrilla, según los puntos que se han venido negociando en La Habana, el exigir la excarcelación de todos sus miembros, hayan sido condenados o no, aunque desconozco si las Farc tendrán el inventario completo de todas las personas que se encuentran recluidas por subversión en las cárceles del país. Lo anterior, por cuanto en este país el conflicto ha dado para que haya desde miembros activos de la guerrilla, hasta ingenuos estudiantes revoltosos que han sido capturados realizando actos vandálicos a nombre de la guerrilla, pero que no forman parte activa de la misma. Diría que son especie de adherentes o militantes inducidos. Por ello creo que al final, las Farc darán prioridad a sus miembros activos y dejarán a muchos incautos colgados de la brocha, pagando penas en las cárceles.
El otro hecho que quiero reseñar es el de Carlos Hernández Vargas, taxista de ocupación, quien en el 2006 fue asesinado y sus restos fueron hallados en un cementerio de NN en los Llanos Orientales, dentro del proceso en que aparecen otros 2.292 cuerpos de presuntos guerrilleros sepultados en cementerios improvisados, y que figuran como guerrilleros muertos en combate. Esta semana sus restos le fueron entregados a su esposa quien acusa a militares miembros del ejército nacional de llevárselo justo una tarde en que se encontraba con él y “no les importó que los niños (tenían dos hijos) se abrazaran a su padre suplicando no se lo llevaran”. Para la viuda, se trató de un “falso positivo”, como el de los más de 3.000 casos registrados por las autoridades y que cometieron miembros de las fuerzas militares con ocasión del conflicto armado. Igual aquí cabe preguntarnos, si los militares que han sido hallados responsables por estos hechos reprochables y han sido condenados, una vez se firme la paz les será conmutada su pena y recobrarán la libertad.
Por estos días el país se debate en torno a la aprobación en el Congreso del plebiscito mediante el cual se someterá a la refrendación o no del pueblo colombiano la negociación del gobierno con las Farc suscrita en La Habana. Con seguridad, el arreglo a que lleguen las partes no retribuirá el daño por las atrocidades cometidas por la guerrilla en tantos años. Ellos no merecerían beneficio alguno. Como tampoco los miembros de las fuerzas militares que se apartaron de su sagrada misión y asesinaron personas inocentes a nombre del conflicto. Pero ha sido tan macabro e inhumano lo que la confrontación ha infringido a millones de inocentes, que bien vale la pena suscribir una paz negociada, para que actos como los expuestos no se vuelvan a repetir.
Con el cese del conflicto armado, nadie en Colombia tendrá argumento ni causa política alguna para causarle la muerte a otro colombiano, o a desaparecerle, justificando actuar en defensa de cualquier ideal en medio de una confrontación armada. El que lo haga, será un criminal sin causa que el Estado debe perseguir y reducir, sin importar que funja como ciudadano particular, disidencia armada, o incluso miembro de la misma fuerza pública. No mas el argumento de que "Como en guerra no se oye misa", todo se puede, hasta los peores crímenes.
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