Los episodios mediáticos ocurridos esta semana en Colombia y que precipitaron la renuncia casi simultánea de Carlos Ferro, Viceministro del Interior, del General Rodolfo Palomino, director de la Policía Nacional de Colombia, y de la connotada periodista Vicky Dávila, Directora de la FM de RCN, han suscitado toda clase de posiciones y debates frente al choque entre la libertad de prensa y el derecho a la intimidad de las personas. Pero independiente de todo lo que sobre ello se ha dicho, y las consecuencias que tales hechos propiciaron, debo decir que lastimosamente fue necesario, porque de no ser así, no habría habido forma que el País se enterara de las cosas turbias que pasan al interior de la policía, y más grave aún, que permaneciera en la impunidad el asesinato de miembros de la policía nacional. O si no, pregúntenle qué piensa a Doña Adiela Gómez, quien sólo por los hechos mediáticos ocurridos esta semana, logró que el país haya vuelto a conocer de su tragedia familiar, padecida en medio de la soledad y el exilio.
Es que en realidad la muerte por asesinato de un hijo en el cual se han cifrado todas las esperanzas de una familia, es la peor tragedia que se pueda llegar a soportar en la vida. Y es peor aún, cuando ese hijo o hija constituye el orgullo de la familia y se encuentra sirviendo a la Patria como miembro de la policía o de las fuerzas militares, de las cuales un padre y una madre esperan siempre la mayor protección por la vida de su hijo.
Es por ello que Adiela Gómez, madre de la cadete Lina Maritza Zapata, debió sentir que el mundo se le vino encima, cuando lacónicamente se le informó un 25 de enero de 2006 sobre la muerte de su hija, quien se preparaba para graduarse de alférez en la Escuela General Santander de Bogotá. Hoy ya toda Colombia sabe que fue asesinada para silenciarla, al descubrir la presunta existencia de una red de prostitución masculina al interior de la policía, conocida como “La Comunidad del anillo”, y que hoy, diez años después, el mismo Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró la verdad de su existencia.
Lo que más duele de este trágico episodio familiar, es que la Policía Nacional, en lugar de querer aclarar la muerte de una de sus agentes, siempre quiso hacerla ver como un suicidio, y ha destruido la prueba indiciaria sobre su muerte, al quemar su vestido de dotación y ocultando información sobre el caso, despreciando querer conocer la verdad sobre su muerte, y la del cadete Julián Andrés Lucumí, quien fue quien encontró muerta en los dormitorios de la escuela a Lina Maritza y que fue asesinado días después, aumentando las sospechas sobre este caso.
Constituyen pues las muertes de los cadetes Lina Maritza y Julián Andrés Lucumí un caso más de los muchos que en Colombia quedan en la impunidad y que empañan la imagen de la Policía, por cuenta de la solidaridad de cuerpo que se suele aplicar siempre por parte de los altos mandos castrenses y el mismo gobierno nacional, para proteger la institucionalidad.
Sin embargo, parece que este caso no terminará así, y existe una ligera esperanza que las familias afectadas, la opinión pública y el país en general puedan llegar a conocer la verdad. Lo cual, tristemente no se da por la acción mesurada de la justicia como debió ser, sino como consecuencia del desencadenamiento de sucesos mediáticos propiciados por la periodista Vicky Dávila, Directora de la FM Noticias de RCN, quien se enfrascó en una lucha personal por investigar los pormenores de la red de prostitución masculina al interior de la policía, lo cual debo reconocer que con valentía y en solitario, granjeándose la persecución, seguimiento y chuzadas por parte de elementos de la policía, los cuales ella no dudó en sindicar eran orquestados por el mismo Director de la Policía, el general Palomino.
Como la periodista Vicky Dávila no es tampoco ninguna “perita en dulce”, al sentirse perseguida y chuzada por la policía, y no encontrar eco a sus denuncias en el mismo Presidente de la República Juan Manuel Santos, muy dado él en capotear los hechos mediáticos que le afecten su imagen soslayando la gravedad de muchos de los asuntos que ocurren en el país, no le quedó más a Vicky Dávila que hacerse justicia por su mano, y echó a rodar un vídeo infame y cuestionable pero que al final terminó por tumbar al General Palomino como era su querer, ayudada de paso por el protagonismo mediático del Procurador Ordoñez, siempre presto a pescar imagen en río revuelto en beneficio propio, mas que en el interés general de la nación.
La conclusión que queda de todo esto, es que desafortunadamente en Colombia, debido a la ausencia de justicia, para develar hechos criminales y reprochables cometidos al interior de las instituciones, y que la misma institucionalidad se empeña en ocultar, parece hacer carrera la necesidad de precipitar hechos mediáticos que impacten la opinión pública, pero con los cuales al mismo tiempo se infringen daños colaterales a personas inocentes.
No puede ser que en un país que se precia de tener un poder judicial, haya que aplicar la máxima de que “Por la vida, la vida misma”.
Es que en realidad la muerte por asesinato de un hijo en el cual se han cifrado todas las esperanzas de una familia, es la peor tragedia que se pueda llegar a soportar en la vida. Y es peor aún, cuando ese hijo o hija constituye el orgullo de la familia y se encuentra sirviendo a la Patria como miembro de la policía o de las fuerzas militares, de las cuales un padre y una madre esperan siempre la mayor protección por la vida de su hijo.
Es por ello que Adiela Gómez, madre de la cadete Lina Maritza Zapata, debió sentir que el mundo se le vino encima, cuando lacónicamente se le informó un 25 de enero de 2006 sobre la muerte de su hija, quien se preparaba para graduarse de alférez en la Escuela General Santander de Bogotá. Hoy ya toda Colombia sabe que fue asesinada para silenciarla, al descubrir la presunta existencia de una red de prostitución masculina al interior de la policía, conocida como “La Comunidad del anillo”, y que hoy, diez años después, el mismo Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró la verdad de su existencia.
Lo que más duele de este trágico episodio familiar, es que la Policía Nacional, en lugar de querer aclarar la muerte de una de sus agentes, siempre quiso hacerla ver como un suicidio, y ha destruido la prueba indiciaria sobre su muerte, al quemar su vestido de dotación y ocultando información sobre el caso, despreciando querer conocer la verdad sobre su muerte, y la del cadete Julián Andrés Lucumí, quien fue quien encontró muerta en los dormitorios de la escuela a Lina Maritza y que fue asesinado días después, aumentando las sospechas sobre este caso.
Constituyen pues las muertes de los cadetes Lina Maritza y Julián Andrés Lucumí un caso más de los muchos que en Colombia quedan en la impunidad y que empañan la imagen de la Policía, por cuenta de la solidaridad de cuerpo que se suele aplicar siempre por parte de los altos mandos castrenses y el mismo gobierno nacional, para proteger la institucionalidad.
Sin embargo, parece que este caso no terminará así, y existe una ligera esperanza que las familias afectadas, la opinión pública y el país en general puedan llegar a conocer la verdad. Lo cual, tristemente no se da por la acción mesurada de la justicia como debió ser, sino como consecuencia del desencadenamiento de sucesos mediáticos propiciados por la periodista Vicky Dávila, Directora de la FM Noticias de RCN, quien se enfrascó en una lucha personal por investigar los pormenores de la red de prostitución masculina al interior de la policía, lo cual debo reconocer que con valentía y en solitario, granjeándose la persecución, seguimiento y chuzadas por parte de elementos de la policía, los cuales ella no dudó en sindicar eran orquestados por el mismo Director de la Policía, el general Palomino.
Como la periodista Vicky Dávila no es tampoco ninguna “perita en dulce”, al sentirse perseguida y chuzada por la policía, y no encontrar eco a sus denuncias en el mismo Presidente de la República Juan Manuel Santos, muy dado él en capotear los hechos mediáticos que le afecten su imagen soslayando la gravedad de muchos de los asuntos que ocurren en el país, no le quedó más a Vicky Dávila que hacerse justicia por su mano, y echó a rodar un vídeo infame y cuestionable pero que al final terminó por tumbar al General Palomino como era su querer, ayudada de paso por el protagonismo mediático del Procurador Ordoñez, siempre presto a pescar imagen en río revuelto en beneficio propio, mas que en el interés general de la nación.
La conclusión que queda de todo esto, es que desafortunadamente en Colombia, debido a la ausencia de justicia, para develar hechos criminales y reprochables cometidos al interior de las instituciones, y que la misma institucionalidad se empeña en ocultar, parece hacer carrera la necesidad de precipitar hechos mediáticos que impacten la opinión pública, pero con los cuales al mismo tiempo se infringen daños colaterales a personas inocentes.
No puede ser que en un país que se precia de tener un poder judicial, haya que aplicar la máxima de que “Por la vida, la vida misma”.
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