Por: César Augusto Hernández Ortiz
El ser humano es por antonomasia
un ser social, vive en sociedad y precisa del reconocimiento de los demás para
reivindicar su autoestima, pues qué caso tendría esforzarnos por estudiar, o
formarnos en lo personal, si no contáramos con otros ante quienes proyectar
esos logros, y no porque nos mueva la vanidad, que aunque siempre está latente
en nuestro interior, lo que realmente aspiramos es ver recompensados nuestros
esfuerzos por parte de la sociedad, así sea tan sólo a través de triunfos
morales, que no económicos o de poder.
Aunque en realidad, son muchos también
los que van por la vida tan solo ambicionando riqueza y poder. Pero al igual
que los primeros, también ansían contar con reconocimiento social. Sólo que a
veces sus ambiciones los desbordan y cruzan la tenue línea que separa la
licitud de la ilicitud, la moral de la inmoralidad, y al verse expuestos en la
picota pública, el descrédito les hace perder la vergüenza. Lo vimos
recientemente en Colombia con los empresarios accionistas de Interbolsa, ante el
escándalo destapado por el desfalco a sus ahorradores e inversionistas.
Sin embargo, qué persona no deja
de luchar durante toda su vida por mantener su buen nombre así sea tan sólo en
apariencia, es un legítimo derecho, que incluso tiene amparo dentro del
derecho, que con claridad sentencia que nadie es culpable mientras no medie
sentencia judicial condenatoria. Pero en el campo de la ética y la moral el
asunto es distinto, y muchas veces sufrimos el escarnio de la condena social sin
haber sido vencidos en juicio.
El pasado lunes 4 de julio
durante la conmemoración en Rionegro de los 25 años de la Constitución Política
de Colombia, todos asistimos atónitos a la paradoja de que en la efemérides por la Carta Magna más garantista en derechos humanos de la historia democrática de Colombia, en su intervención el exmagistrado Nilson
Elías Pinilla Pinilla dio unas fuertes declaraciones hablando de corrupción en
ese tribunal y refiriéndose especialmente a sus colegas Jorge Pretelt y Alberto
Rojas Ríos, tachándolos como una vergüenza para el alto tribunal, al tiempo que solicitaba a la Presidenta de
la Honorable Corte Constitucional María Victoria Calle Correa hiciera respetar
la Corte y exigiera la renuncia inmediata de los colegas cuestionados.
Obviamente, la dignidad que
representan los miembros del honorable tribunal, obliga por decoro y respeto al
mismo, hacer dejación del cargo cuando nuestro nombre es puesto en entredicho.
Sin embargo me pregunto, ya no en este caso, sino a nivel general, quién a
nombre de la sociedad liderará las acciones reivindicatorias para devolverle el
buen nombre a quien de manera anticipada ha sido condenado y luego demuestra su
inocencia?
Y más aún, incluso siendo hallado
culpable y condenado, quién a nombre de la sociedad le dará la oportunidad para
su reintegración a la sociedad una vez cumpla su pena? O definitivamente, asistiremos siempre al
doloroso episodio de ver morir a una persona sola y abandonada, sin haber podido
expiar sus culpas ante la sociedad, no obstante haber pagado su pena, como le
ocurrió esta semana al señor Hernán Botero Moreno, exdirectivo del Club Deportivo Atlético Nacional de Medellín, quien en su momento a muchos
llenó de gloria.
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