Por:
César Augusto Hernández Ortiz
Pobre mensaje para la ciudad de
Medellín que en el Editorial del periódico EL MUNDO del día de hoy, titulado “Dictamen
fiscal sobre el incendio de Guatapé”, se extienda parte de tranquilidad por el
periódico sobre las presuntas responsabilidades que pudieron tener en EPM, por
los daños ocurridos por el incendio en la central hidroeléctrica de Guatapé. Constituye
el Informe de la Contraloría de Medellín nimio soporte de salvaguarda para la
tranquilidad espiritual del acostumbrado editorialista político, que sin más,
exonera a EPM de responsabilidad alguna en la pérdida de 693.000 millones de
pesos, por haber dejado de generar energía entre los meses de febrero y mayo y
por los costos de reparación del daño. Nuevamente como en el pasado con Orbitel,
nadie responderá ni siquiera políticamente por los daños patrimoniales infringidos
a la empresa.
Primera vez en mi vida que me
encuentro ante el exótico fallo de un ente de control fiscal absteniéndose
de adelantar acción alguna, bajo el ridículo argumento de que se trató de un
error de interpretación distinta sobre un mismo concepto técnico "normalizar el sistema", por dos actores distintos
encargados de interactuar juntos en el mantenimiento de la central.
Se extiende a tal punto la osadía
del periódico El Mundo en su Editorial, que ahora pretende buscar el ahogado
aguas arriba, diciendo: “Superadas, pues,
las dudas infundadas sobre la gestión empresarial de EPM durante los anteriores
gobiernos de Medellín, toman mayor fuerza preguntas a instituciones como el CTI
de la Fiscalía, que fácilmente se sumó a presunciones sobre el dolo en el
evento, pero también a los responsables actuales de la gestión empresarial.
Ellos están llamados a explicar al Concejo de Medellín, representante legítimo
del dueño de la empresa, y a los órganos de control, si fuere del caso, qué
acciones han tomado para exigir a Isagén, principal beneficiaria, y al Gobierno
Nacional, mandante de la actuación, el pago de los recursos invertidos para
salvar la difícil situación del sector eléctrico. Y es que la generosidad de
EPM permitió salvar al país de dificultades por la gestión del recurso hídrico,
el abusivo manejo de Termocandelaria y Termovalle, y, como lamentables puntos
finales, los daños accidentales en Termoflores y Guatapé. Es desproporcionado
que una empresa responsable y cuidadosa pague la imprevisión del regulador y
los desmanes de quienes desviaron los recursos del cargo de confiabilidad”.
Nada más sensato y pertinentes son las palabras que sobre el mismo editorial le dirigió en la sección de
comentarios de su página web un lector, quien infortunadamente sólo se
autodenomina como Juan: “Con el debido
respeto a la tradición de su periódico, me permito discrepar en dos aspectos de
su editorial del día de hoy. 1) El agua no es de EPM. Lo que EPM tiene, al
igual que ISAGEN, es una concesión de aguas, las cuales, por Constitución, son
un recurso natural, propiedad de la nación. Ya en el pasado EPM ha perdido esa
pelea ante la justicia, varias veces. Por el contrario, EPM es responsable
directo de haber afectado las concesiones de otros, por impedir el flujo normal
de agua debido a un daño en sus instalaciones. Se deben dar por bien servidos
si ISAGEN no los demanda. 2) Conozco de primera mano la Central Guatapé. Mi
padre participó en su construcción y yo personalmente en su modernización. Tal
vez pudieron engañar a los investigadores, quienes por ignorancia se comieron
un cuento reforzado sobre imprevisibilidad y exculparon de responsabilidad a
EPM por el daño, pero lo que pasó solo pudo pasar si, por negligencia, el
sistema contra incendio que debía prevenir un incendio generalizado en el túnel
de cables, no se encontraba en servicio. Un conato de incedio es un accidente,
pero el incendio simultáneo de los cuatro circuitos en 400 metros solo puede
ser resultado de negligencia criminal”.
Más claro no canta un gallo.
No por siempre la verdad permanece
oculta a la vista de la opinión pública, y dado que en la realidad material de
los negocios y la gestión empresarial, todo se mide es con dinero, sólo los que
al final les toque pagar con plata por los yerros cometidos, tendrán que dar
testimonio y justificación de dicho detrimento patrimonial, pues ninguna firma aseguradora
reconocerá “con gusto”, cerca de $483.000 millones, si le asisten inquietudes
frente a la pertinencia de dicha indemnización, y sólo así podrán decantarse
las responsabilidades reales por este nuevo daño al patrimonio de la empresa de
todos los medellinenses.
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