Por:
César Augusto Hernández Ortiz
Ingeniero Civil
La orden de captura y encarcelamiento del
Secretario de Seguridad de Medellín esta semana por parte de la Fiscalía, me
llama la atención sobre como perviven de forma intemporal los actos de ignominia en la historia de nuestro país.
Hace más de 200 años el mismo gran
precursor de nuestra independencia, Antonio Nariño, fue reducido la noche del viernes 29 de
agosto de 1794 a una celda de prisión e incomunicado por orden del oidor
Joaquín Mosquera, al igual que su editor de imprenta, acusados de haber
traducido clandestinamente y hecho circular un impreso con lo que la historia
después reseñaría como la Declaración de los Derechos del Hombre, los cuales
tomó de la gran proclama promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente de
Francia de 1791, y que según reza la acusación, iban en contra de Dios y del gobierno
del rey. No mereció consideración alguna ni respeto por la persona de Nariño que
hubiese sido antes alcalde de Santafé de Bogotá, ni contó con juicio justo ni solidaridad
de muchos de sus amigos abogados, que le dieron la espalda en su defensa.
Sumido en la desgracia Nariño,
ignoraba la tragedia que se cernía sobre su vida, con más de doce años de encierro en prisión, daños
a la salud que acortaron su vida activa y despojo de todos sus bienes y
patrimonio, pero sí estaba consciente de las repercusiones que para la libertad
del Reino implicaba su decisión de editar tal proclama universal de libertad.
“La fiscalía aduce que las
proposiciones y doctrinas del papel impreso en forma clandestina, son perversas
y sus máximas detestables y anticatólicas, en todo opuestas a los dogmas de la
Iglesia; que, subversivas del orden público, buscan sustraer a los vasallos de
la obediencia del monarca y que al atentar contra la soberanía del rey, niegan
su legítima autoridad y augusto derecho” (Ruiz Martínez, Eduardo, 1929).
Hoy para bien de Colombia y
sus generaciones pasadas y futuras, la historia le ha devuelto a Antonio Nariño
el sitial más alto, siendo catalogado quizás como el más grande prócer de
nuestra independencia.
Siempre recuerdo este pasaje
de nuestra historia, por ser ejemplarizante de cómo el poder de un Estado o
régimen político imperante, se ensaña contra una persona que busca el bien para
sus conciudadanos. Todo ese poder punitivo del Estado en manos de la Fiscalía,
buscando destruir a alguien y aniquilarlo, por actuaciones que aunque
clandestinas y prohibidas, buscaban un fin noble.
Caso distinto, ya en nuestros
días, fue el llamado PACTO DE RALITO, en
el cual la Corte Suprema de Justicia de Colombia condenó y encarceló a varios
Congresistas por concierto para delinquir, al haberse reunido y concertado de
manera clandestina con jefes paramilitares para según ellos “refundar la
Patria”, lo que como todos sabemos, terminó en la comisión de múltiples delitos
como constreñimiento al elector, asesinatos, desplazamiento forzado y despojo
de tierras, logrando por estos medios su cometido de elegir cerca del 30% de
los miembros del Congreso.
Pero el tema que quiero
referir, fue el ocurrido esta semana en
Medellín, también por la comisión del delito de concierto para delinquir en que
supuestamente incurrió el Secretario de Seguridad de la Alcaldía de Medellín,
al reunirse con jefes criminales de manera clandestina para buscar implementar
un acuerdo de sometimiento a la justicia de estos delincuentes. Sostiene la
Fiscalía que con estos actos el funcionario traspasó el límite legal de sus
funciones.
Al respecto tengo mis dudas de
que en realidad se hayan dado en este caso los presupuestos formales y
materiales requeridos para configurarse este hecho punible. El concierto para
delinquir implica que se den organizaciones de individuos al margen y contra la
sociedad, cuyo objeto específico es transgredir el ordenamiento jurídico, y por
tanto constituyen un peligro para la tranquilidad colectiva y atentan contra la
seguridad pública, que son precisamente los bienes jurídicos que se pretenden
proteger con su represión y castigo.
Acaso buscar que se entreguen
criminales a la justicia es un atentado contra la seguridad pública?
Hacerlo dentro del marco del desempeño
de las funciones administrativas asignadas a su cargo, y buscar implementar
estrategias para consolidar una política de seguridad ciudadana en la asolada
Medellín, en la que han resultado inocuas las acciones para reducir la
criminalidad del organismo estatal que ahora funge como acusador, en realidad
constituye un delito?
En absoluto, el caso del
Secretario de Seguridad de Medellin Gustavo Villegas se puede comparar con el del
reo de la historia Nariño, quien finalmente confesó su acto y fue condenado, debiendo
ser la historia y las generaciones subsiguientes quienes redimieran su nombre y
lo elevaran a los altares de los próceres de la patria. Pero alguna diferencia
hay entre la conducta de Villegas y la de los honorables Congresistas que
acordaron refundar la patria en Ralito.
No veo por tanto en la
intención del señor Gustavo Villegas que su objetivo o la finalidad de la sociedad
que se dice haber conformado con criminales, tuviera por propósito la comisión
de delitos, con los cuales se atente o coloque en peligro la seguridad pública
del estado o su población. Al contrario, trabajaba desde su cargo y dada la
experiencia adquirida por años en la desmovilización de grupos armados, en hacer realidad el clamor de SEGURIDAD
CIUDADANA, que por años ha demandado Medellín, entendida como la acción
integrada de las autoridades y la comunidad, representada esta última por la
alcaldía, para garantizar la certeza del ejercicio de los derechos y libertades
de todos los habitantes de Medellín, en orden a preservar la convivencia
ciudadana, labor en que por cierto, ha resultado inoperante e inocuo el organismo
estatal acusador.
Pero claro, esto es Colombia,
y como ven, desde la misma época de la independencia, hay quienes lo legal y
noble, lo hacen ver como delito.
Acaso tocará esperar que ante la falta de voluntad de los hombres de hoy por redimir a Medellín de la violencia que la consume, sean también en este caso, las generaciones futuras y la historia quienes convaliden los esfuerzos que a costas de su propia vida e integridad ha realizado el señor Villegas?
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