Por:
César Augusto Hernández Ortiz
Ingeniero Civil
La Exfiscal de Venezuela Luisa Ortega, representa hoy en el mundo el mayor
ejemplo quizás de una verdadera perseguida política por régimen político
alguno. Hoy ha llegado de manera sorpresiva al aeropuerto El Dorado en Bogotá, después
de salir huyendo en la madrugada a escondidas de Venezuela, con su esposo y sus
asistentes, donde era perseguida por el régimen Chavista de Maduro que le congeló
sus bienes y le prohibió la salida del país.
Causa peculiaridad el desenlace de los hechos que rodearon a la Exfiscal
Luisa Ortega porque de "valiente" fiscal del movimiento chavista pasó
a convertirse en "traidora" y "loca" del régimen de Maduro.
Siendo considerada por mucho tiempo una inquisidora por la oposición
venezolana, de un momento a otro desdeñó las mieles del poder y se rebeló
contra el presidente Nicolás Maduro, convirtiéndose en una de las más críticas
voces de oposición, tachando de "ambición dictatorial" la
Constituyente del mandatario, la misma que una vez instalada determinó en uno de sus
primeros actos su destitución fulminante.
No puedo como demócrata aceptar el mal trato y persecución de que había
sido objeto la señora Ortega en su país, por haber tenido la valentía de
denunciar los atropellos contra el parlamento por parte del régimen de Maduro,
a quien condenó por quebrantar el estado de derecho y socavar las libertades
democráticas en Venezuela. Sin embargo, paradójicamente, fue ella quien desde su
cargo de fiscal impulsó la arbitraria condena por catorce años contra el líder
opositor Leopoldo López, en uno de los mayores atropellos a los derechos
humanos registrados en Venezuela desde que se encuentra en el poder el chavismo.
Con eso y todo no podemos negarle la condición de perseguida política a la
Exfiscal Ortega y seguramente el Gobierno Colombiano le otorgará sin mayor
obstáculo y dilaciones el asilo político en nuestro país. Al fin y al cabo,
América Latina se ha convertido en los últimos años en un territorio de
asilados políticos de toda índole, no obstante que claramente se tiene
establecido por la normatividad vigente sobre Refugiados y Asilados, que no
será reconocido como refugiado a las personas que “Hayan cometido delitos
contra la paz, crímenes de guerra o contra la humanidad. Estén incursos en
delitos comunes cometidos fuera del país de refugio, o sean culpables de actos
contrarios a las finalidades y a los principios de la ONU”, situación esta que
no siempre se cumple, y casi siempre termina siendo una decisión potestativa de
cada país dependiendo de sus intereses políticos coyunturales.
Cuántas veces el mismo Chávez, en épocas de expansionismo de su movimiento revolucionario por el hemisferio,
toleró la presencia de la guerrilla de las Farc en su territorio,
considerándolas incluso como un ejército del pueblo víctima de una política de exterminio liderada por el Presidente Alvaro Uribe Vélez.
Ciertamente, hace mucha falta que los gobiernos de américa latina asuman un
compromiso real por la defensa de los valores democráticos y de justicia en
cada país, y antes que versen en la triste situación que por culpa de su propia
omisión en la defensa de los derechos humanos en la región, avergonzados deban recibir como
asilados políticos a quienes nunca debió dejárselas llegar a tal grado de persecución
y atropello por parte de regímenes autoritarios, producto del raciocinio hipócrita de que siempre
resulta de menor costo político acoger a una persona en su territorio que
criticar o condenar los actos de barbarie de un gobierno “amigo”, condena pública en la que todos deberían cerrar filas en una sola voz.
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