QUÉ HAY DETRÁS DE PROCESO A CAICEDO Y MARTÍNEZ EN SANTA MARTA?

Por:

César Augusto Hernández Ortiz

Ingeniero Civil

El caso del encarcelamiento dictado por un juez al candidato a la presidencia de Colombia Carlos Caicedo, exalcalde de Santa Marta, lo mismo que al alcalde actual, aunque suspendido, Rafael Martínez, por presuntas irregularidades cometidas en materia contractual durante el desempeño de sus cargos, realmente lo pone a pensar a uno sobre lo mediática y selectiva que es nuestra justicia penal, lo que resulta realmente preocupante, por la manera flagrante en que se vulneran los derechos de las personas en Colombia, incluso por la misma justicia.

No pretendo con esta apreciación afirmar que ambos sean inocentes del cargo que se les sindica por la Fiscalía, pues desconozco los pormenores  del proceso y el grado de responsabilidad que pudieran tener en los hechos que se les inculpan, sin embargo, tratándose de delitos contra la administración pública en materia de actuaciones contractuales, me parece que mandarlos a la cárcel fue una medida extrema que no era necesaria, por falta de una debida justificación, dado que ninguno de los dos representa un peligro para la sociedad ni para el desarrollo normal del proceso que se les sigue.

Lo que si resulta extraño de la actuación judicial, es que esta medida se dé precisamente en medio de las circunstancias especiales en que se hayan ambas personas. El señor Caicedo ha manifestado aspirar a la presidencia de la república y se encuentra adelantando una férrea campaña en contra de las castas políticas tradicionales que se han usufructuado por años del ejercicio del poder en el Magdalena y la Costa Atlántica, y para legitimar su causa, muestra reales ejecutorias en beneficio del interés de los samarios como haber revertido concesiones leoninas que expoliaron por años las rentas del Distrito, entregadas a particulares precisamente por los que son sus enemigos políticos. El caso de Metroagua fue particularmente representativo del estado de cosas dañinas que le dejaron a la ciudad sus antecesores políticos en la alcaldía, que gracias a su gestión pudo recuperarse como patrimonio público, ejecutoria que legítima y genuinamente hoy le reconoce la comunidad.

El caso del alcalde Rafael Martínez también es para mirar con detenimiento. Claro que llegó a la Alcaldía apoyado por Caicedo y defendiendo su legado político en la alcaldía. ¿Pero qué pecado mortal puede ser este? ¿Acaso no lo hizo Fajardo en Medellín para llevar a Salazar como su sucesor?, y lo hizo Alejandro Char en Barranquilla para llevar a su discípula Elsa Noguera? ¿No será acaso que por no ser epígonos de las castas políticas que dominan a Santa Marta y el Magdalena, el caso de estos sí constituye una afrenta al statu quo y por tanto deben eliminarse?

Quizás tanto Caicedo como Martínez cometieron errores en materia de gestión contractual, eran evidentes algunas obras inconclusas en la ciudad, pero tienen el derecho a dar las explicaciones respectivas dentro de la reserva procesal. Como también es justo reconocer las transformaciones que en materia de infraestructura llevaron a la ciudad, con la construcción de puentes y avenidas que por años otros le aplazaron al Distrito.

No soy samario, soy de Medellin, pero los casi cuatro años que vine a trabajar a Santa Marta en la Universidad del Magdalena, me dan conocimiento de causa para sospechar que detrás del proceso jurídico que se les sigue a Caicedo y a Martínez, subyace un interés político, producto del fragor virulento de la campaña política, que como siempre ocurre, terminará afectando a la población samaria, que por fin, después de muchos años, parecían haber encontrado dirigentes que realmente les representaran en sus necesidades y angustias, y que ahora, parecen quedar en medio de la incertidumbre por la suerte futura de sus líderes.