Por:
César Augusto Hernández Ortiz
Ingeniero Civil
El caso de Aída Merlano no destapó ninguna ‘olla podrida’ ni menos la
existencia de una compleja red de alta criminalidad electoral, como afirman la
Fiscalía y la Procuraduría, porque en Colombia ya es una costumbre inveterada la
compra de votos masiva en los lugares más recónditos del país, pero también en
las ciudades más importantes. No hay elecciones en que no se hagan denuncias de
delitos electorales que como siempre terminan en la impunidad, en parte, porque
el trabajo de los organismos de justicia es casi nulo y el del Consejo Nacional
Electoral peor, además de politiquero.
Por lo que he podido inferir de las noticias publicadas en los medios de
comunicación, el delito en que incurrió Aída Merlano consistió en Corrupción al
sufragante, cuya pena establecida en nuestro sistema penal es de 4 a 8 años de
prisión y multa de $156 millones hasta $781 millones. Comete este punible el
que celebre contrato, prometa, pague o entregue dinero, dádiva u ofrezca
beneficios a un votante para que vote por un determinado candidato, voto en
blanco o se abstenga de hacerlo. Por eso no entiendo su excesiva y
desproporcionada condena a 15 años de cárcel.
Por siempre he escuchado la estereotipada frase de que “Hay que proteger las instituciones”, pero ¿qué pasa cuando son las
mismas instituciones, por virtud de actos arbitrarios y aplicación selectiva de
la ley por sus funcionarios, las que se deslegitiman y cometen arbitrariedades?
Pues, que la consecuencia por dichos actos es la desinstitucionalización misma de
esas ramas del poder y la pérdida del respeto y la confianza de los ciudadanos.
Ese es el escenario al que nos están llevando organismos como la Fiscalía y la Corte
Suprema de Justicia.
Si es la Constitución de Colombia la piedra bascular en que se cimienta
todo el régimen político de la República, entendido como el sistema que
posibilita establecer y regular el funcionamiento de las ramas del poder y todo
el conjunto de instituciones y leyes que permiten la organización del Estado y
el ejercicio del poder, y la forma en la cual las autoridades deben hacer uso
de sus facultades, cómo puede la Fiscalía o la Corte misma pasar por encima de los
derechos humanos de las personas?.
Cómo pueden ser las instituciones tan manifiestamente demostrativas de
estar poseídas de perversiones humanas tan bajas como el ánimo de venganza y el
revanchismo, del odio y la persecución a los desvalidos. ¿Por qué ir contra una joven niña indefensa, quien por su madre todo lo daría, inclusive su vida misma, con todo el peso de ente
persecutor de la acción penal, en una malsana voluntad de dominación y feroz
persecución? mientras en tanto, los indígenas del Cauca asisten al horror del asesinato de sus líderes, sin que los mismos organismos hagan nada por neutralizar a sus asesinos, esos sí, criminales "pura sangre".
Hay quienes creen que un régimen político puede corromperse y derivar en
algo diferente, aun cuando mantenga sus instituciones y sus formas. Nuestra
democracia, en este sentido, podría derivar en demagogia, si cortes y fiscalía
no paran esta justicia espectáculo a que nos están acostumbrando a los
colombianos.
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