Por:
César Augusto Hernández Ortiz
Columnista Independiente
Continúa el asesinato de indígenas en el Departamento del Cauca. En esta ocasión, le tocó al coordinador de salud del resguardo de Totoró, Oliverio Conejo Sánchez, y a su hija Emely Jaquelín Conejo, estudiante de cuarto semestre de trabajo social. Que dolor siento. Y digo les tocó, porque se que mañana o pasado mañana, tristemente les tocará a otros. No veo que el Estado Colombiano, que está instituido para proteger la vida de las personas, pueda hacer algo para evitar estas masacres. A esto hemos llegado. Y en el caso particular de los indígenas, no encuentro explicación alguna para tantos asesinatos.
Han sido reiterativas
las denuncias hechas por el Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, de la
presencia de grupos armados en zonas del oriente del Cauca, por lo que encuentro
hasta ofensivo que funcionarios judiciales afirmen, que los móviles de algunos
asesinatos y masacres correspondan a una disputa por el control de tráfico de
estupefacientes.
Lo cierto es que,
no obstante encontrarse consagrado tanto en el derecho internacional como en
nuestra Constitución Política la protección de sujetos de especial protección, entre
ellos las minorías, definidas como grupos numéricamente inferior al resto de la
población de un Estado, en situación no dominante, cuyos miembros, súbditos de
un Estado, poseen desde el punto de vista étnico, religioso o lingüístico una característica
que difiere de las del resto de la población, y en dichas normas se manifiesta incluso,
de modo implícito, un sentimiento de solidaridad con objeto de conservar su
cultura, sus tradiciones, su religión o su idioma, y particularmente sus vidas,
en Colombia esto ha sido “letra muerta”, y por el contrario, pareciera que
existiera un desprecio por la vida de los indígenas.
Toda muerte por
asesinato resulta despreciable, sea en el contexto que sea, y por los actores
que sean, incluso estatales como las ocurridas esta semana en medio de los
disturbios ciudadanos en Bogotá. Pero no es menos reprochable la insolidaridad ciudadana
que se percibe ante la muerte de una
joven indígena al lado de su padre, que no suscita siquiera una mínima marcha
de protesta del resto de la población “blanca” del país.
Esta claro que
sólo los indígenas lloran a sus muertos, que con absoluta seguridad son asesinados
por individuos abyectos, personajes macabros motivados tan solo por la ambición
y la enfermedad por la riqueza material y el deseo de arrebatar el territorio a
los indígenas. Pero sin duda alguna, sus criminales actuaciones se ven
propiciadas por el abandono a que el Estado tiene sometida esta región, y a los
vergonzantes niveles de impunidad que registra la justicia al momento de
castigar a los responsables del sistemático exterminio a que se tiene sometida
esta población vulnerable de nuestra patria.
Presidente
Duque, algo hay que hacer …
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