Por:
César Augusto Hernández Ortiz
Toda sociedad que aspire proyectarse
hacia adelante como una expresión digna de consenso social, que propenda por la
equidad, la defensa de la verdad y el acceso a la justicia para todos sus
miembros por igual, debe definir unas reglas claras de normas y principios básicos
que sustenten y permitan el desarrollo de estas premisas, e incluir, además,
las reglas y procedimientos de cómo resolver pacíficamente los conflictos que surjan
entre los miembros y grupos sociales que formen parte de esa comunidad.
Desafortunadamente en Colombia,
ese pacto social de convivencia y justicia social, consagrado en la
Constitución Política, contrario al bienestar que se esperaba diera a la población
con su aplicación, lo que ha hecho es acumular por décadas una serie de
desajustes que hoy se plasman en los graves problemas de pobreza, desempleo,
injusticia y falta de oportunidades de educación y acceso a la salud para la
gran mayoría de su población, lo cual, pone de presente el fracaso de quienes a
nombre del Estado han tenido la tarea de su efectivización, que no son otros
distintos que quienes en representación de los partidos políticos tradicionales,
han ostentado el poder de la administración pública y de los distintos órganos
del poder.
Es por ello por lo que, ante el
incumplimiento consuetudinario del pacto social, se legitima en cierta forma las
distintas formas de protesta social a la que se han visto obligados acudir los
distintos grupos sociales excluidos de la acción estatal, y particularmente los
jóvenes, quienes se resisten con justa razón a tener un futuro infeliz, en el
que no se vislumbran verdaderas posibilidades de que los males endémicos que
padece nuestra sociedad tengan solución, y menos aún, ante la falta de voluntad
y compromiso para buscar salidas efectivas, por parte de una clase dirigente
carcomida por la corrupción.
Ahora bien, los justos reclamos
de los derechos no pueden llevarnos a cometer actos violentos en los cuales se atente
contra las personas, porque el respeto por la vida es la primera regla de organización
comunitaria civilizada. Y en ese espiral de violencia que se ha dado en
Colombia en los últimos diez días de protestas, marchas y paro, lo que se ha
visto es que han servido de caldo de cultivo para dar origen a una espiral de
violencia, muertes y actos criminales, que hoy registran más de 37 muertos, cientos de
personas heridas entre miembros de manifestantes y de las fuerzas del orden, e
incontables pérdidas económicas al país y a los distintos sectores productivos
y comerciales.
Los jóvenes de las protestas
deben entender que el enemigo no es el policía, y con ello no se deja de condenar los atropellos cometidos por algunos de estos que distorsionan su misión, y por ello no es enfrentándolos el camino para reivindicar sus derechos, como tampoco resulta conveniente que por no medir bien los límites de la protesta, se dejen llegar otros actores violentos a manipular su causa, vándalos que si buscan la destrucción y causar daño en los bienes
públicos y de los comerciantes pobres. El foco de la protesta mas bien parecería mejor dirigirse a exigir acciones contra la politiquería, contra los dirigentes corruptos que los
privaron de los recursos del Estado y muchos gobiernos incompetentes, cuyos dirigentes no se circunscriben sólo a los actuales, y que obviamente, como suele ocurrir, no
se encuentran en medio de la reyerta en las calles afrontando las protestas ahora, sino que con certeza estarán en sus mansiones o espacios de seguridad, viendo por televisión las
noticias sobre lo que sus malas actuaciones causaron, sin sentir remordimiento alguno.
Pensaría que sería mucho más
sensato propiciar el diálogo con el Gobierno Nacional, que pudiera conducir a
soluciones concretas a muchos de los problemas que hoy se padecen, y eso sí, que expulsando
fuera de la organización a quienes quieren aprovecharse del movimiento juvenil
para entronizar formas violentas de lucha, se mantenga la organización para que en las
próximas elecciones, puedan determinar los cambios que nuestra sociedad precisa en cuanto a su dirigencia cuestionada, a través, como debe ser, de otra de las reglas de organización comunitaria a
que aludía arriba, como es el libre ejercicio del voto de los ciudadanos.
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